Cómo se arma el caso para darle un golpe a Gustavo Petro
En la última semana, el gobierno de Colombia ha denunciado que se prepara un golpe en contra de Gustavo Petro.
Quizás si no estás tan familiarizado con este tipo de proceso lo primero que tienes que conocer es el método. Los golpes suaves, o revoluciones de colores, consisten en varios pasos. Entre ellos, fases de ablandamiento ante la opinión pública, deslegitimación, calentamiento de calle, desestabilización y fractura institucional. América Latina es pionera en la materia.
En Bolivia, el golpe de 2019 se justificó con que Evo Morales se presentaba a la relección después de que perdiera un referéndum sobre su re-re. Esa deslegitimación de origen" justificó un paro cívico que terminó en insurrección y golpe (renuncia). En Colombia, la desestabilización pasa por cuestionar el financiamiento de la campaña de Gustavo Petro.
Veamos.
Desde su asunción, la mayoría de los medios opositores se han centrado en derribar su imagen de outsider del sistema político. La maniobra ha involucrado revelar escándalos relacionados a sus familiares. Uno de los más importantes es el que relaciona a su hermano, Juan Fernando Petro, con ofrecimiento a criminales y narcos en la cárcel después de su asunción. El propio Petro pidió que su hermano sea investigado.
Pero el más importante es el que vincula a su hijo, Nicolás Petro, con un supuesto financiamiento a la campaña por parte del narco. Las revelaciones surgen del testimonio de su exesposa, Day Vázquez.
Su exesposa señala que recibió 600 millones de pesos colombianos de Samuel Santander Lópesierra, condenado en EEUU por delitos de narcotráfico. Y 200 millones del empresario Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue, acusado de tener vínculos con la banda paramilitar Los Rastrojos.
La Fiscalía de Colombia, por supuesto, abrió una investigación contra el hijo de Petro por lavado de activos. El expediente judicial se construye alrededor del financiamiento a la campaña de Petro.
El fiscal Omar Barbosa es conocido por haber sido propuesto por el expresidente Iván Duque luego de ser uno de sus abogados más cercanos. Durante su gestión, ha cuestionado el levantamiento de cargos contra exlíderes guerrilleros y criminales que negocian acuerdos de paz con el gobierno. También anunciado que judializaría leyes propuestas por el gobierno.
Petro lo ha criticado reiteradas veces por no haber capturado a ninguno de los involucrados en el escándalo de la Ñeñe Política. El caso se originó en uno audios donde el narcotraficante Ñeñe Hernández hablaba de la compra de votos en el Caribe para que el expresidente Duque fuera elegido.
Pero no es el único enfrentamiento judicial que tiene Petro.
La Procuraduría de la República suspendió a dos congresista del oficialista Pacto Histórico y tiene abierta investigaciones contra otros siete. El Consejo de Estado también la elección de Roy Barreras, el presidente del Congreso nombrado por Petro.
En febrero la procuradora Margarita Cabello suspendió temporalmente a Daniel Rojas, presidente de la SAE (que ya se reintegró). Otro suspendido es el senador Alex Flórez, el que se peleó borracho con unos policías, y a quien la entidad quiere sacar del cargo por ocho meses. La decisión se tomó la semana pasada y está en apelación, por lo que no se ha hecho efectiva.
En cuanto a las investigaciones contra congresistas del Pacto hay seis abiertas: contra María José Pizarro, Alexander López, David Racero, Susana Gómez (Boreal). A Wilson Arias la Procuraduría ya le formuló cargos por acusar a la Policía de torturar a manifestantes en el Valle.
Y sobre funcionarios, abrió una investigación al minInterior Alfonso Prada por sus declaraciones en Los Pozos, donde hubo un grupo de policías secuestrados. Además, está investigando a Laura Sarabia, jefe de gabinete, por el caso de su niñera interrogada con polígrafo.
El Pacto Histórico pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para: “proteger la vida y los derechos políticos de sus integrantes y la voluntad del pueblo que los eligió”. Esto tras las decisiones de la Procuraduría de investigar y sancionar a miembros del Pacto Histórico, la coalición de partidos del presidente Petro.
Algunos expedientes son contra figuras claves de la coalición de gobierno como David Racero, presidente de la Cámara de Diputados. Estas destituciones y suspensiones pueden poner en riesgo la mayoría del gobierno.
“A propósito se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, escribió Petro en su cuenta.
Hasta aquí tenemos un caso y un partido judicial dispuesto a obstruir la gestión de gobierno y desmembrar la coalición de gobierno. ¿Qué sigue? Llamar a la desobediencia civil de los funcionarios.
El fiscal Barbosa, en ese sentido, dijo: “quiero decirle un mensaje a la Policía Nacional, al director de la Policía, al director de la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL); que ellos se quedan mucho más allá de los cuatro años que tiene este gobierno, de los tres años que tiene este gobierno, que no hay sobrepasarse ni hay que pensar que porque les dan una orden o porque les dicen algo hay que hacerlo".
No fue un llamado aislado. El 11 de mayo, un grupo de reservistas de la policía y el Ejército marcharon en contra de las "políticas de seguridad de Petro".
Al igual que la Fiscalía, los reservistas cuestionaron los acuerdos de paz que negocia el gobierno con los grupos armados.
“Yo creo que Colombia sigue los pasos del Perú, allí las reservas fueron exitosas porque lograron defenestrar a un presidente corrupto, aquí vamos a tratar de hacer lo mismo con un tipo que fue guerrillero", afirmó John Marulanda, el exdirector de Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore). También habló de la posibilidad de que los reservistas armen un movimiento político.
Hasta aquí tenemos varias fases de un golpe suave;
Ablandamiento
Calentamiento de calle
Deslegitimación
Llamado a la desobediencia civil
Falta la última de insurrección y desestabilización. Pero para eso hay que cerrar el expediente más importante; el de deslegitimación.
El escándalo entre su exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, y su exjefa de gabinete, Laura Sarabia, va en este sentido.
¿Por qué? Leamos.
Sarabia quedó embarazada en plena campaña y dio a luz casi al tiempo que las elecciones. En ningún momento dejó a un lado su trabajo, así que apenas empezó el gobierno contrató a la vieja niñera de Benedetti a pesar del antecedente de un presunto robo.
En enero, Meza se convirtió en la principal sospechosa de una investigación sobre la pérdida de US$7.000 en efectivo de la casa de Sarabia. Funcionarios de la policía y la fiscalía la hicieron someterse al polígrafo, una prueba en la que se sintió "secuestrada y amenazada" en la misma sede de la Presidencia, el Palacio de Nariño.
Para complicar aún más la situación, cuando Meza ya había sido despedida por Sarabia, Benedetti la llamó y la recontrató para que cuidase a sus hijos en Caracas, ciudad a la que llegó en un avión privado, según reportó el conocido periodista colombiano Daniel Coronell.
El miércoles, el fiscal general, Francisco Barbosa, quien fue nombrado por el gobierno de Iván Duque, de quien es cercano, dio una rueda de prensa en la que denunció que la investigación de este caso generó un sistema judicial paralelo, que la interrogación a Meza fue ilegal y que las escuchas ilegales estaban de vuelta en un país traumatizado por la violación de derechos políticos.
Lo que el sábado empezó como un delito doméstico, el viernes siguiente ya era un escándalo nacional.
Petro entonces anunció la salida de Sarabia y Benedetti y añadió: "Este Gobierno no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores. A los opositores los cuidamos, no les puede pasar nada porque están bajo nuestra responsabilidad".
Este domingo, la revista Semana esta vez publicó unos acalorados audios en los que Benedetti parece reclamarle a Sarabia que lo hayan aislado y la amenaza con dar a conocer detalles de una supuesta financiación ilícita de la campaña.
Petro, el mismo domingo en la noche, negó que su campaña recibiera "dinero de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones", una cifra alta, de US$3.4 millones, que menciona Benedetti.
"No se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos", agregó el mandatario.
Si bien fue una riña por parcelas políticas entre el exembajador y la jefa de gabinete, la Revista Semana publicó unos audios de Benedetti donde amenaza con revelar el origen de los fondos de la campaña de Petro si no le dan un cargo en el gobierno. "Lee cómo empezó el 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje", afirmó en uno de los audios
El 8.000 es el caso que reveló el financiamiento del expresidente Ernesto Samper por parte del Cartel de Calí.
Los congresistas opositores Miguel Uribe Turbay, el representante Miguel Polo Polo y el excandidato presidencial Federico Gutiérrez presentaron un pedido de investigación contra Petro en el Comité de Acusaciones del Congreso. El caso, de a poco, se institucionaliza.
La pelota ahora está en el lado de la Fiscalía porque debe investigar si hubo financiamiento ilegal en la campaña de Petro. Sarabia y Benedetti tienen que prestar testimonio. Si uno de los dos se "quiebra", se fortalece el caso mediático, político y judicial.
Sarabia es investigado por un bolso de dinero supuestamente robado por una empleada de servicio. Benedetti por casos de corrupción. El exembajador pidió protección de la Fiscalía por amenazas en su contra.
Recordemos que el caso Lava Jato en Brasil se basó en extorsiones judiciales a empresarios y exfuncionarios a cambio de que brinden delaciones "premiadas". La Fiscalía tenía para presionar varios expedientes contra los "delatores".
Podemos estar entonces en un momento culmine del proceso contra Gustavo Petro si alguno de los dos se "quiebra".
Petro paralizó en el Congreso el tratamiento de las reformas sociales propuestas por su gobierno; la laboral, de pensiones y de salud. Las rispideces en su aprobación también ha llevado que perdiese su alianza con partidos tradicionales como el de la U, el Conservador y el Liberal. Por lo que no tiene mayoría en el Congreso.
Para el presidente colombiano: “una vez tumben las reformas, piensan que si el gobierno está aislado, destruirlo en la Comisión de Acusaciones del Congreso para hacer exactamente lo que hicieron en Perú; llevar al presidente a la cárcel y cambiarlo por uno no elegido por el pueblo”.
El gobierno colombiano, en este contexto, enfrenta una ofensiva mediática, judicial y política de cara a las elecciones locales y regionales de este año. Si las pierde, puede quedar muy mal parado.
Petro, por su lado, conoce bastante de estos procesos ya que como alcalde de Bogotá fue destituido por un proceso judicial amañado por el exprocurador general de la República, Alejandro Ordóñez.
Aquella vez lo acusaron de haber aplicado mal un nuevo plan de recolección de basura de la capital.