Luca Bonfante, líder estudiantil: "hay argentinos que aún apoyan a Milei porque creen que es el último ajuste económico"

Luca Bonfante es estudiante de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y Secretario General Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Como trabajador de la Biblioteca de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le ha tocado convivir con varias realidades a la vez desde que su papel como líder estudiantil lo puso al frente del reclamo contra el desfinanciamiento de las universidades públicas, promovido por Javier Milei: los pormenores de rendir un salario argentino con precios casi europeos, la organización y articulación con otros líderes estudiantiles de una protesta masiva y los debates en los estudios de televisión con youtubers libertarios que, muchas veces, aún viven con sus padres.

Para él, por ejemplo, hay grietas en las miradas monocromáticas sobre la situación social y política del país: hay estudiantes que votaron a Milei, pero no apoyan su ataque a la educación pública, y también un sector de la sociedad argentina que respalda su ajuste porque aún cree en la promesa oficial de que será el último previo a un largo periodo de bienestar social. También considera que es claro cómo el gobierno plantea una división a los argentinos entre un país “al servicio del mercado y un país que responda a las necesidades y derechos de su población”. Una que, para él, ha fallado en su intento de privatizar la educación por el consenso que hay entre los argentinos de que la universidad pública es una herramienta para el ascenso social, a pesar de todas sus deficiencias.

¿Por qué la protesta más masiva contra Javier Milei en su primer año de gobierno fue en defensa de la universidad pública?

En Argentina, con dos millones de estudiantes universitarios, el sistema educativo superior tiene un impacto social único en la región. El país cuenta con más estudiantes universitarios per cápita que Brasil, Chile, Bolivia o Perú, y desde los años 90 ha vivido un notable desarrollo en la distribución regional de universidades. El conurbano bonaerense , por ejemplo, alberga instituciones como las universidades nacionales de José C. Paz, La Matanza, Hurlingham, Arturo Jauretche y Quilmes (nota de autor: el conurbano bonaerense se considera a la región metropolitana que rodea a la ciudad de Buenos Aires) . Este crecimiento ha democratizado el acceso al incorporar a sectores populares y favorecer el ingreso de jóvenes que compatibilizan sus estudios con el trabajo.

El 48% de los estudiantes de las universidades públicas tienen ingresos por debajo de la pobreza según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina.

A diferencia de otros países de la región, como Chile donde el ingreso a la universidad suele estar restringido por barreras económicas, en Argentina, la educación pública es un espacio inclusivo que abarca a amplios sectores de la población. Esto explica por qué un ataque al sistema universitario lo es casi al conjunto de la población. En todas las familias hay un estudiante, como un pensionado. El carácter transversal de la comunidad universitaria, integrada por personas de diversos estratos sociales, refuerza su capacidad de organización y movilización frente a políticas que se perciben como una amenaza a un derecho fundamental.

Es cierto que esta esperanza muchas veces choca con la realidad: recibirse puede ser difícil, y encontrar un trabajo con derechos en Argentina es otro desafío. Muchos estudiantes trabajan y, aunque logran ingresar, a menudo deben abandonar debido a las exigencias laborales. Aun así, el hecho de que todos, incluidos los trabajadores, tengan la posibilidad de anotarse, aunque sea para cursar una materia, tiene un impacto subjetivo profundo en la sociedad. Esta posibilidad simboliza la idea de progreso: la educación aparece como una vía para obtener un título, mejorar la calidad de vida y alcanzar una mayor dignidad. La educación pública cumple una función esencial al ofrecer una herramienta concreta para la movilidad social, que refuerza la idea de que el progreso es posible a través del estudio.

Hay una contradicción en este gobierno porque, por un lado, propone la libertad individual como máxima estandarte y después habla de desfinanciar una universidad pública, que posibilita el ascenso social de millones de estudiantes de clase trabajadora.

El gobierno actual tiene una visión mercantilista de la educación, en especial en relación a las universidades. A principios de este año, uno de sus principales ataques consistió en señalar a las universidades como reductos de adoctrinamiento marxista, donde se enseñaban disciplinas "inútiles".

Según esa lógica, ¿qué es lo que consideran "útil"? Aquellas carreras y tecnicaturas que respondan a las necesidades del mercado. En un país como Argentina, cuya economía se basa en la exportación de materias primas, eso se traduce en priorizar formaciones como ingeniería, petroquímica u otras vinculadas a sectores extractivistas. Todo lo demás, según esta visión, carece de relevancia y "sobra".

Esta perspectiva es contradictoria con el discurso de "libertad" que el gobierno pregona. En realidad, esa libertad parece estar reservada para ciertos grupos económicos, no para la sociedad en su conjunto. Por eso, es fundamental dejar en claro que lo que defienden es la "libertad del mercado", que muchas veces resulta incompatible con las necesidades sociales.

En Argentina existen 62 universidades nacionales que cuentan con infraestructura, laboratorios, profesionales y conocimiento capaces de ponerse al servicio de la sociedad. Pero esa potencialidad no es valorada dentro del modelo de país que plantea el gobierno libertario. Para ellos, este modelo —diseñado para limitarse a la exportación de materias primas— no necesita la riqueza intelectual, científica y tecnológica que generan las universidades públicas.

Esta desconexión revela el verdadero conflicto: un choque entre la idea de un país al servicio del mercado y un país que responda a las necesidades y derechos de su población.

¿Cómo interpretas que el gobierno haya elegido ciertos argumentos contra la educación pública, que si bien pueden parecer novedosos en su forma, en realidad repiten las mismas frases de otros gobiernos liberales o neoliberales en Argentina? Como este discurso que plantea que la educación pública es un "costo", o incluso —como mencionó el presidente— un privilegio financiado por el resto de la población. A veces da la sensación de que el gobierno utiliza la educación pública como Margaret Thatcher usó el conflicto minero en los años 80: como una batalla cultural decisiva para avanzar en otros temas.

Es interesante analizar cómo ha cambiado el discurso del gobierno y de Javier Milei a lo largo del 2024. Si miramos lo que decía durante la campaña presidencial, él proponía un modelo de universidad arancelada, inspirado en las ideas de Milton Friedman. Cualquier persona puede encontrar sus dichos en YouTube. Cuando, por ejemplo, menciona modelos internacionales, habla de un supuesto "modelo sueco", donde omite que las ideas de Milton Friedman se implementaron en la región; en Chile.

Cualquier argentino, hijo de vecino, sabe que estudiar en la universidad en Chile es difícil por lo que Milei evita mencionar este ejemplo porque sabe que genera rechazo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población está a favor de financiar la educación pública. Esto se reflejó no solo en las encuestas, sino también en las movilizaciones masivas del 23 de abril y el 2 de octubre de 2024 contra su políticas de desfinanciamiento.

Más de un millón de personas participaron en la segunda Marcha Universitaria en defensa de la Educación Pública, según sus organizadores

El gobierno sabe que para justificar un ataque a la educación, primero tiene que deslegitimarla frente a la sociedad. Sobre todo porque que la universidad pública es una de las instituciones con mayor legitimidad en la opinión pública: más que el Congreso, los sindicatos, la Iglesia o la Justicia. Es, de hecho, la institución con mayor legitimidad en la sociedad.

Por eso, el gobierno ha emprendido dos campañas para intentar cambiar esa percepción. Por un lado, cuestiona la transparencia con las auditorías sobre los gastos de las universidades para asociarla a los “curros” (arreglos) de la política . Por otro, propone un debate sobre el arancelamiento de la universidad para estudiantes extranjeros como algo necesario. Estas campañas buscan desviar la atención de problemas clave, como los bajos salarios de docentes y no docentes. Y se asocian a otras ofensivas donde acusa a las universidades de “nidos de corrupción”, de albergar a estudiantes "vagos", "marxistas" o "improductivos". Que intentan minar la legitimidad de la universidad pública para facilitar reformas impopulares en el futuro.

Hace poco tuviste una entrevista en Crónica, un canal de televisión argentina, donde te preguntaron si estabas de acuerdo con la idea de que un extranjero venga, toque suelo argentino, pague por estudiar y luego regrese a su país. En tu respuesta mencionaste que esto podría ser una forma encubierta de privatización de la educación.

Partamos de la base de que es habitual en sectores de derecha buscar un chivo expiatorio para culparlo de las crisis económicas. Promueve una narrativa más xenófoba , que responsabiliza a los extranjeros por los problemas en el sistema de salud y educación pública. Según este razonamiento, arancelar estos servicios sería la solución para que funcionen mejor, lo que es falso.

Esta estrategia busca instalar discursos privatistas que, aunque no son nuevos en Argentina, tienen antecedentes preocupantes. Durante los años 90, hubo una ofensiva a que terminó con la privatización de servicios esenciales como la electricidad, el agua y el gas. En términos educativos, el gobierno parece intentar algo similar. Lo que también se vio, por ejemplo, con Aerolíneas Argentinas, compañía pública que intentó privatizar con la Ley Bases (nota de autor: una mega ley sancionada por el Congreso que desregula amplios sectores de la economía argentina). Como no pudo hacerlo, demonizó a los trabajadores, acusándolos de tener demasiados derechos laborales, para justificar su pase a manos privadas.

El problema es que aplicar esta estrategia a la educación pública es mucho más complejo.

Milei ganó una gran cantidad de votos entre los jóvenes, especialmente entre los hombres jóvenes. Algunos de esos jóvenes asisten a la universidad pública, lo que parece contradicción

Hay un sector de estudiantes que votó a este gobierno, pero no se alinean con todas sus ideas, en especial con el ataque a la educación pública. Durante el proceso de tomas universitarias, que llegó a involucrar a más de 100 establecimientos en todo el país, no emergieron grupos radicalizados dentro de las universidades que fueran afines al gobierno.

Esto resulta interesante porque podría haberse dado que, ante este movimiento a favor de la educación pública, surgiera una contra respuesta juvenil alineada con las ideas libertarias del gobierno. Pero eso no ocurrió. Lo que nos da algunas pistas sobre si el gobierno ha logrado construir una corriente política sólida dentro de las universidades o en otros territorios. Por ejemplo, cuando el gobierno organiza actos públicos, no logra llenar la Plaza de Mayo (frente a la casa de gobierno); apenas llena el Parque Lezama, un lugar mucho más pequeño. Esto no significa que debamos subestimarlo, pero sí señala una cierta limitación en su capacidad de movilización, tanto en el ámbito universitario como en otros espacios.

Por ser una de las caras más visibles del movimiento estudiantil también te ha tocado debatir con youtubers y periodistas de orientación libertaria, un ambiente donde reina este principio de intentar pegar un golpe de suerte en las redes que los catapulte a la fama. ¿Cuál es en tu opinión su forma de discutir y su praxis política?

Si observamos los inicios de Milei, su estrategia de comunicación tenía un patrón claro: frases cortas diseñadas para ser destacadas en un gráfico de televisión o convertirse en un tuit. Estas afirmaciones solían incluir agravios o intentos de deslegitimar a ciertos sectores, como cuando hablaba de los "zurdos de mierda" o "la casta". Lo interesante es que estas ideas rara vez se desarrollaban o profundizaban. Primero venía el insulto, luego algún argumento, bajo el principio rector de apelar a la emocionalidad sin posibilidad a la repregunta.

En una sociedad, como la argentina, afectada por la inflación, donde las personas apenas pueden planificar a corto plazo y viven pensando en cómo llegar a fin de mes, estos discursos emocionales resuenan con fuerza. La emocionalidad se convierte en una herramienta poderosa en el debate público.

Lo novedoso del movimiento estudiantil frente a esta dinámica fue su capacidad para debatir de forma tranquila y rebatir argumentos, incluso en escenarios hostiles como canales oficialistas o afines al gobierno. En lugar de responder con agresividad o descalificaciones, muchos estudiantes se enfocaron en argumentar y generar un intercambio de ideas más profundo. Son jóvenes, también de muchas provincias argentinas, que no tienen reparo en sentarse a debatir en espacios muy adversos.

Esa es una particularidad del movimiento que emergió: el estudiante como sujeto político. Esto es algo que no veíamos desde la marea verde feminista de 2018. Ahora surge un movimiento real, no impuesto por estructuras políticas o aparatos que buscan posicionar a alguien. Es un movimiento auténtico, formado por jóvenes que se convierten en referentes políticos de manera orgánica, que representa a un colectivo real y activo.

Lo que está en las antípodas de los youtubers libertarios que, de manera constante, provocan para generar una reacción.

Tienen la concepción de que la acumulación política es igual a acumulación de seguidores e interacciones en las redes sociales. Esta el ejemplo del youtuber libertario Frank Fijap que se hizo conocido después de ir a una movilización a hacer preguntas provocadoras y que la gente lo corriera por la calle.

Esa vieja idea de que no importa si hablan mal o bien, importa que hablen de ti.

Eso también genera disforias con la realidad porque las redes sociales no son la realidad, o mejor dicho, la realidad no son las redes sociales. A ver, una cosa es Twitter, al que accede el 6, 5% de la población argentina y otra es la calle. Por ejemplo, el gobierno ahora está con una campaña de que mejoró el consumo y que bajó la inflación. Si le preguntas a cualquier comerciante, te puede decir, hay menos gente que consume productos de primera necesidad que antes. Y la inflación como está medida por el gobierno no tiene en cuenta los servicios y los alquileres.

El youtuber libertario Frank Fijap fue golpeado cuando provocó a los manifestantes que protestaban contra el veto presidencial a una ley que aumentaba el presupuesto universitario.

Eso genera que haya una diferencia entre el número final y lo que vive la gente. Por lo que “pegarla” para esos youtubers o influences libertarios, que promueven esta idea de inflación a la baja, sea pan para hoy y hambre para mañana.

En tu opinión, ¿por qué el gobierno mantiene cierta estabilidad social y política en este contexto de pérdida de bienestar social?

Para entender esta estabilidad hay que considerar dos aspectos fundamentales. El primero es el financiero-económico. El gobierno, a través del blanqueo de capitales, logró que ingresen dólares al país: que los sectores más ricos trajeran dinero sin necesidad de justificar su origen. Este mecanismo, a su vez, facilita la fuga de capitales, lo que genera un doble juego que beneficia a los más ricos. Esto permite cierta estabilidad momentánea, aunque las reservas del Banco Central sean escasas y el año que viene haya importantes vencimientos de deuda. En términos generales, el gobierno ha conseguido estabilizar el dólar y contener, al menos parcialmente, la inflación. Esto le otorga un respaldo político, ya que la inflación era uno de los problemas económicos más urgentes. Claro que esta estabilización no significa resolver el problema, ya que la inflación sigue siendo alta.

El blanqueo de capitales lanzado por Javier Milei acumula un total de 32 mil millones de dólares según los números oficiales.

El segundo aspecto clave es el rol de la oposición. Si el gobierno ha logrado aprobar leyes como la Ley de Bases o mantener vetos, como el del aumento del presupuesto universitario, es en gran medida porque cuenta con la colaboración de sectores opositores, tanto del radicalismo como del peronismo. Un caso paradigmático es el del senador Juan Carlos Kuider , quien ingresó al Senado con la boleta del Frente de Todos en 2019, pero ahora apoya casi todo lo que propone el gobierno. Y luego de este repentino cambio, fue detenido en Paraguay por intentar pasar con 200 mil dólares cuyo origen aún no puede justificar. Esto demuestra que el gobierno es tan fuerte como las ayudas que recibe desde sectores opositores.

Tampoco parece haber un descontento social masivo. Más bien, la sensación general parece ser de paciencia, de “aguantar” para ver cómo se resuelve la situación como si la sociedad le dijera al gobierno: “Te toca a vos resolver esto después de tantos años de crisis”. Sin embargo, esto puede cambiar en cualquier momento, como le sucedió a Macri en 2017 después de que ganara las elecciones parlamentarias. Tras ese triunfo legislativo de Macri, todo el mundo hablaba de que "hegemonía amarilla" de su partido, el PRO, estaba consolidada, pero luego vino la reforma previsional que buscaba subir la edad jubilatoria y las movilizaciones masivas en su contra.

En este momento, el interrogante de por qué no hay un descontento masivo tiene dos caras: por un lado, hay un sector de la población que cree que este ajuste será el último. Es una población que lleva más de una década con recortes permanentes por lo que aún prevalece la esperanza de que hay “luz al final del ajuste”, promovida por Milei.

Por otro, este año que pasó también fue de importantes procesos de resistencia. Por ejemplo, hubo paros generales y movilizaciones masivas en defensa de la educación pública. Sectores como el de la salud pública también protagonizaron luchas significativas, como el que ocurrió con el Hospital Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones, que estaba en riesgo de cierre. Gracias a la ocupación de los trabajadores, el hospital logró mantenerse abierto. También hubo movilizaciones constantes de los jubilados, que protestan todos los miércoles (nota de autor: en la última semana, el gobierno lanzó una nueva ofensiva para vaciar y cerrar el hospital Bonaparte).

La encuestadora Atlas Intel estima que Milei aún conversa un 47% de imagen positiva pese a sus políticas de ajuste.

Por lo que no se puede interpretar la situación de forma unilateral. Es una realidad llena de matices y grises con factores que pueden cambiar en función de cómo se articulen las resistencias sociales y sindicales.

Si uno mira los medios argentinos, parece que el país ha pasado de valorar la salud y la educación pública, y de creer en un Estado presente, a pensar que los privados deben hacerse cargo de todo. ¿Hay un "clima de época" neoliberal en Argentina?

Hay una diferencia importante con el proceso neoliberal del presidente Carlos Menem de los años 90. En aquella época, el gobierno se apoyó en la hiperinflación para justificar las privatizaciones. La población estaba golpeada por ese contexto, y cualquier salida que pareciera aliviar ese "infierno" era vista como válida. Por eso, las privatizaciones durante el menemismo tuvieron un aval social mucho mayor al que tienen hoy.

Si uno mira las encuestas y también lo que sucede en las calles, la mayor parte de la población se opone a la privatización de empresas como Aerolíneas Argentinas o instituciones como la universidad pública. La experiencia reciente con una aerolínea privada, hace apenas 20 años, todavía está presente en la memoria colectiva, y eso también influye.

El país está en medio de una discusión con un nivel creciente de polarización. El gobierno busca apoyarse en ejemplos del pasado, donde lo público funcionó mal, para argumentar que la solución está en los privados. En este contexto, las movilizaciones y las tomas de facultades han sido fundamentales en esta disputa. Si no hubiésemos salido a las calles, probablemente el gobierno habría avanzado mucho más en convencer a la opinión pública de que la universidad debería ser privadas. En ese sentido, la lucha por la opinión pública se libra, sin dudas, en la calle.

Entrevista escrita publicada en Diario Red. Conviértete en suscriptor pago para escucharla completa.