Paquetazo de Javier Milei; ¿Argentina se convierte en una Sociedad Anónima?
Ya para nadie es un secreto la deriva del nuevo sueño húmedo de una parte de la clase empresarial mundial. Javier Milei, un libertario impulsado por la red de Atlas, en pocos días lanzó un programa económico que devalúo la moneda argentina en favor de los exportadores argentinos.
La composición de su gabinete también tiene sentido: abogados de empresas, gurús de la información, discípulos de yuppies tecnológicos y antiguos ejecutivos de grandes compañías argentinas. Una semana después de la devaluación, firmó un decreto de necesidad y urgencia donde se deroga 300 leyes que, por lo general, protegen a los consumidores y los trabajadores.
Leamos su alcance.
El gobierno ordenó la derogación de numerosas leyes incluyendo la de alquileres, de abastecimiento, de promoción industrial y de promoción comercial, entre otras.
Las medidas también prevén convertir las empresas del Estado en sociedades anónimas, de forma de abrir el camino para su privatización. En el caso de Aerolíneas Argentinas, se establece una autorización para la cesión total o parcial del paquete accionario.
En términos de liberalización, el decreto incluye la adopción de una política de cielos abiertos, modificar el Código Civil y Comercial para fortalecer el principio de libertad contractual entre las partes y asegurar que las obligaciones en moneda extranjera sean canceladas en la moneda pactada, entre otras cosas.
También se buscará facilitar el comercio internacional a través de la reforma del Código Aduanero.
Otra área sometida a reforma es la medicina privada, así como el régimen de empresas farmacéuticas, entre las que se quiere incentivar la competencia con miras a reducir costos.
También se elimina el monopolio de la agencias de turismo y se apunta hacia la desregulación de los servicios de internet satelital para permitir la entrada de nuevas empresas como Starlink, propiedad de Elon Musk.
El decreto firmado por Milei establece que la declaración de emergencia económica se extenderá por un plazo de dos años y, en consecuencia, el gobierno estará habilitado para reformar por decreto numerosas leyes.
El universo alcanzado por el decreto desregulatorio es tan amplio que permite a los clubes de fútbol transformarse en Sociedades Anónimas y a los dueños de autos transitar los papeles de revisión vehicular. El megadecreto fue realizado por Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central de Mauricio Macri y funcionario del gobierno de la Alianza involucrado a principios de los años 2000 en un caso de corrupción por el Megacanje, una oferta de bonos financieros que endeudaron a Argentina.
La revisión legal fue hecha por buena parte de los estudios legales de las principales compañías de Argentina, según la periodista Romina Manguel. “El DNU favorece los lobbys y cada punto tiene nombre propio. La derogación de las leyes d góndolas, Abastecimiento y Observatorio de Precios son de la Coordinadora de Productores d Alimentos (Copal). La desregulación d ingenios es de Ledesma”, según el experto en economía argentina Leandro Renou.
Hay casos que son emblemáticos: desregula la salud para favorecer a prepagas como Swiss Medical de Claudio Belocopitt, accionista del canal América donde Milei saltó a la fama. Belocopit declaró que pronto se reunirá con los otros dueños de prepagas para ordenar un aumento del 50% de las cuotas. El decreto más que desregular concentra la economía en unas pocas manos.
Y los casos siguen; el DNU elimina la ley de Tierras que limita la extranjerización de propiedades en Argentina a un 15%. Grandes magnates, como Joe Lewis o el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ahora puede comprar todas las hectáreas que quieran, incluso, cerca de fronteras y lugares estratégicos del país con recursos naturales. También desregula el mercado hidrocarburos a favor de las compañías extranjeras y argentinas. Elimina la ley de alquileres que desfavorecía a la empresa IRSA de Sergio Elsztain, dueño también del hotel Libertador donde se hospeda Milei.
Un cálculo que ,quizás, no hagan las empresas es que este decretazo impopular abre las puertas para que un futuro gobierno adverso les haga lo mismo a la inversa. La advertencia fue dada por el líder social Juan Grabois en uno de los canales del grupo mediático Clarín, uno de los beneficiados por la desregularización del mercado de comunicaciones.
Pero lo peor sucede en materia laboral según el periodista Mariano Martin, especializado en sindicatos.
El DNU destruye la ley de Contrato de Trabajo, la legislación protectoria, el derecho de huelga y las garantías de progresividad de los derechos laborales. Altera el criterio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Esto es clave: en síntesis, ahora se pondrán firmar acuerdos laborales individuales a la baja.
Se habilitan los bancos de horas. Es decir, el trabajo a destajo sin mayores limitaciones. Gravísimo. Limita al máximo el derecho de huelga: amplía la noción de servicios esenciales (que obligan a garantizar 75% de la prestación) y añade "servicios trascendentales" (50% de mínima) con tanta discrecionalidad que entra casi todo.
Bloqueos de empresas o la obstaculización de la producción serán considerados injuria laboral grave, causal de despido. Rompe el esquema de responsabilidad solidaria: las empresas no tendrán que responder por lo que hacen las tercerizadas.
En síntesis, estamos ante el ataque más grave a la clase trabajadora en su conjunto en la historia contemporánea. Una más: la ultraactividad (vigencia de los convenios colectivos más allá de su vencimiento hasta tanto se firme uno nuevo) regirá sólo para cláusulas convencionales (condiciones laborales) y no las asociacionales. Apunta directo contra los gremios y sus aportes.
Deroga todas las multas por mala registración y los incrementales indemnizatorios. Y extiende el período de prueba de 3 a 8 meses. Festival para el empresariado.
El programa económico de Milei es claro; promover una economía exportadora pro empresarial donde la inflación y el desempleo disciplinen a los trabajadores con un nueva legislación laboral. El decreto desregulador de hecho favorece la balcanización sindical en contra del modelo actual de un gremio por rama que negocie de uno a uno con las empresas del sector.
El trabajador quedaría tan desprotegido como los consumidores frente a las compañías. Javier Milei, como sus economistas, consideran que con esta apertura económica, a favor del capital concentrado, volarán las inversiones y el financiamiento internacional para estabilizar la macroeconomía. La experiencia argentina demuestra que, en vez de eso, se genera un loop de conflictos que empeoran la economía.
Pocas horas después, las calles de Buenas Aires se llenaron en contra del decreto y los pronunciamiento públicos se acumularon en su contra. La Confederación General del Trabajo, la principal central sindical, convocó a una marcha para el miércoles y anunció que analiza lanzar un paro general. También algunos partidos políticos opositores, como la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y Unión por la Patria, se pronunciaron también en contra.
El decreto puede caerse si las dos cámaras legislativas, Diputados y Senadores, la vetan. Martín Lousteau, presidente de la Unión Cívica Radical, le pidió a Milei que envíe el decreto al Congreso en una ley Espejo para que sea votada por artículos, o apartados, por si o por no, como una salida elegante que le permita al presidente no enfrentarse a un posible veto de ambas Cámaras (donde no tiene mayoría).
Después esta el aspecto legal, el decreto le otorga al Ejecutivo facultades del Poder Legislativo cuando no hay motivos para la necesidad y urgencia como lo establece la constitución argentina.
Según el constitucionalista Daniel Sabsay, favorable a Milei; “La carta magna incorpora a los DNU en la reforma del 94 y establece como principio general la prohibición para el Poder Ejecutivo de emitir disposiciones de carácter legislativo. La excepción es cuando circunstancias excepcionales impidieran el procedimiento para la sanción de leyes. En este caso, no hay ninguna de esas circunstancias. Ni la necesidad, ni la urgencia, ni tampoco está impedido el Congreso para reunirse, que eventualmente también se lo podría convocar a sesiones extraordinarias. Esa misma disposición constitucional deja fuera del alcance de un decreto de necesidad y urgencia en todas circunstancias la materia fiscal, la materia penal, partidos políticos y materia electoral. Acá ya aparece un primer problema, por ejemplo, se está derogando el Código Aduanero y el Código Aduanero es tema fiscal. Y la Constitución claramente dice que no se lo puede hacer bajo ninguna circunstancia”
Y como es un único decreto puede ser invalido en la justicia como un todo. Leamos a otro constitucionalista.
El abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Antonio María Hernández, que fue convencional constituyente en 1994, coincidió en que el decreto es “inconstitucional”, dado que las medidas que incluye pudieron haber pasado por el Congreso. Destacó que el propio Presidente adelantó que llamará a sesiones extraordinarias.
“El Poder Ejecutivo no puede en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esto tiene que ver con el equilibrio de los Poderes”, expuso. Sostuvo que por el artículo 99, inciso 3 de la Carta Magna, lo enunciado por Milei debe pasar sí o sí por el órgano legislativo. “El DNU solo puede ser dictado en situaciones extraordinarias”.
La norma citada por Hernández indica que el jefe de Estado sólo puede recurrir a un DNU bajo circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes. El mismo artículo establece un DNU no puede ser de materia penal, tributaria, electoral o relativo al régimen de los partidos políticos.
Por supuesto, que todo este decreto desregulador viene acompañado de una prohibición del derecho a huelga en sectores claves de la economía, como los servicios públicos, y un protocolo antipiquetes (protestas) que limita los cortes de calle y rutas. El mismo día en que se emitió el decreto, una fila de policías y uniformados intentó, sin éxito, que una protesta impidiera el libre tránsito. La privatización de derechos, acompañada de represión, tiene tantos antecedentes en América Latina que podría haber una plataforma de Streaming con todas las historias.
Lo que nos lleva a la pregunta ¿si hay chances de que el decretazo sea derogado por el descontento de los argentinos?
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