Hola, ¿Cómo están? Espero que bien, lleno de alegría y dicha después de año nuevo y navidad. Los últimos días del 2022 pasaron con un claro contraste en América Latina, que alegra y entristece por igual.
En Argentina se vivió una de los mayores fiestas populares de la historia de nuestro país por la Copa del Mundo. Cinco millones de personas se lanzaron a las calles a acompañar el regreso de los jugadores. Una explosión social de alegría y felicidad en un país unido por el fútbol.
No se olvidará por mucho tiempo las imágenes del pueblo bailando en la avenida 9 de julio de Buenos Aires, la avenida más ancha del mundo, del autobús de los jugadores rodeados por una multitud pintada de albiceleste y de los jueguitos con una pelota hechos por una decena de hombres y mujeres en medio de la muchedumbre.
La otra cara de la moneda son las lagrimas de dolor en Perú por la muerte de 28 personas en las protestas contra el nuevo gobierno de Dina Doularte. Mujeres indígenas que lloran encima de los féretros de sus hijos muertos por las balas de los militares peruanos. Casas de partidos que son allanadas para sembrar machetes que permitan perseguir a militantes políticos opositores. Argentina ríe y Perú llora por motivos muy diferentes.
Más de una semana después de que Pedro Castillo, el primer presidente de izquierda del país en una generación, intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto, Perú se tambalea tras las protestas masivas que desencadenaron un vertiginoso drama que acabó con su detención y la investidura de su vicepresidenta como nueva cabeza del poder ejecutivo.
Las protestas, que protagonizan partidarios de Castillo, han desembocado en enfrentamientos con la policía y el Ejército, con 25 muertos hasta el momento, cientos de heridos y un país profundamente dividido por el mandato de la nueva presidenta, Dina Boluarte, exaliada de Castillo. Perú sigue en estado de emergencia, con muchas libertades civiles suspendidas, así como el Ejército y la policía encargados de hacer cumplir el toque de queda en algunas partes del país.
En pocos lugares las tensiones son más evidentes que en Ayacucho, un departamento abrumadoramente pobre, en gran parte rural, lejos de la capital, que el jueves 16 de diciembre fue escenario de un encuentro brutal entre manifestantes y militares. El resultado fue de nueve muertos, entre ellos Rojas y Ramos.
Durante una entrevista, el dirigente local de la Defensoría del Pueblo, David Pacheco-Villar, dijo que, después de que un grupo se dirigió al aeropuerto, quizá un intento de usarlo como sede de la manifestación, los soldados respondieron con un “uso desproporcionado de la fuerza”, lanzando un asedio de horas de duración en el aeropuerto y los barrios circundantes.
Pacheco-Villar confirmó que al menos dos videos que circulan en redes sociales muestran a soldados que apuntan con sus armas a la altura del cuerpo, mientras que al menos otro video muestra a los militares lanzando lo que parecen ser botes de gas lacrimógeno desde helicópteros.
Pedro Castillo había asumido hace un año y medio con un sector de la ultraderecha acusándolo de haber ganado gracias a un fraude. Desde el primer día, su presidencia fue asediada por un Congreso adverso, los grupos mediáticos predominantes y la justicia de Perú. Todos al servicio de intereses particulares y económicos.
Como afirma Gustavo Petro, presidente de Colombia, Pedro Castillo fue destituido y detenido sin siquiera mediar un antejuicio ni una condena penal.
Patricia Benavides, Fiscal General de la República, presentó un caso en el Congreso para vacar a Castillo por “incapacidad moral”, una figura que es criticada en el ámbito jurídico por su ambigüedad. Fue la primera vez que se intentó enjuiciar a un presidente peruano en funciones.
En su guerra jurídica-legal contra Castillo, la fiscal escribió columnas de opinión en el diario El Comercio y realizó varias conferencias de prensa hasta que el Congreso aceptó su investigación y abrió un cuarto proceso de vacancia contra Castillo. El presidente, en respuesta, ordenó la disolución del Congreso y parte del poder judicial, incluida la Fiscalía, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Para Francesca Emanuele; “la Justicia peruana jugó un papel clave en la campaña de vejación contra el expresidente Castillo a través del lawfare, o la judicialización de la política. Actuó con una celeridad inusitada, distinta a su lentitud habitual. En particular, el comportamiento de la Fiscalía de la Nación fue el menos discreto. Aunque amparada en indicios revestidos de legalidad, mostraba evidentes tintes políticos. La fiscal Patricia Benavides entregó al Congreso una acusación contra Castillo, sentando el primer precedente en la historia del Perú en el que la fiscal de la Nación presentaba una denuncia constitucional contra un presidente en funciones. Según Benavides, Castillo era el líder de una “organización criminal” dedicada a direccionar licitaciones de obras públicas y a recibir sobornos a cambio de nombramientos en distintos ministerios y en altos mandos de la Policía Nacional. Así se lo comunicó al Perú entero, en medio de una insólita conferencia de prensa televisada, con la que la fiscal buscaba abiertamente empujar la vacancia.
Quizá lo más duro de digerir para los votantes de Castillo haya sido el escarnio que caracterizaron las diligencias judiciales. La Policía, por pedido de la Fiscalía, allanó la vivienda de la hermana del expresidente, sin tomar en cuenta que ahí se hallaba su anciana madre, convaleciente por una operación de apendicitis. Tras el traumático evento, la progenitora tuvo que ser hospitalizada. Palacio de Gobierno también fue allanado, lo que se convirtió en un hecho inaudito. No había sucedido ni durante las gestiones que robaron decenas de millones de dólares, como la del expresidente Alan García. Pero tal vez el ensañamiento más impactante fue el que tuvo como protagonista a la hija de Castillo. Para ella, un juez ordenó dos años y medio de prisión preventiva. Las imágenes de la joven encarcelada —sin sentencia— aparecieron en todos los medios, enviando un mensaje inequívoco de humillación”.
Castillo fue destituido y detenido por “rebelión”. Sin embargo, las encuestas dicen que 44% de la sociedad peruana respaldan su llamado a disolver el Congreso. Ademàs, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), más del 80% de los peruanos desaprueban al parlamento y consideran que se deben adelantar las elecciones.
Dina Boularte, vicepresidenta de Castillo, fue nombrada por el Congreso como la nueva mandataria del país. De inmediato, designó un nuevo gabinete y decretó un estado de emergencia que le permite a las Fuerzas Armadas de Perú usar armas de fuego contra los manifestantes.
Las lágrimas de los opinadores sobre el “fallido golpe” de Castillo se convirtieron en llamados a reprimir a quienes protestaban. De nuevo, se puso en relevancia la división cada vez más creciente entre la población del interior del país y la capital, Lima.
Para entender un poco más, consulté a Francesca Emanuele, licenciada en Sociología de la Universidad Complutence de Madrid y columnista del medio peruano Wayka. Francesca, además, ha sido corresponsal de Telesur en Washington con una perspectiva bastante profunda sobre lo que sucede en el país.
Según ella;
Hay un sometimiento de los sectores rurales, indígenas y campesinos que protestan por parte de las clases dominantes del Estado a través de la violencia estatal. Ninguno de los asesinados es de Lima o vive en Lima. Las masacres, como las de Ayacucho, están localizadas en el sur del país con víctimas de un color de piel distinto a las personas que están mandando en Perú.
Si bien hay organizaciones sociales que participan en las protestas, como las amazónicas, de ronderos, mineros artesanales, la mayoría de las movilizaciones son espontánea, lo que subraya el hartazgo contra las elites limeñas por parte de la sociedad peruana del interior del país.
Uno de los orígenes de la crisis política actual deriva de la constitución peruana sancionada en 1993.
El abogado constitucionalista Omar Cairo Roldan afirma que “la carta magna peruana establece un régimen semipresidencial, es decir una organización del ejercicio del poder político que contiene los elementos fundamentales del régimen presidencial, pero acompañados por algunos mecanismos ajenos al mismo, que pertenecen al régimen parlamentario”. Para Sebastian Furlong del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica este diseño institucional trae aparejadas dos consecuencias: por un lado, “la atribución al presidente de la República de las funciones de jefe de Estado y de jefe de Gobierno (según el artículo 110 de la Constitución Política, el presidente también “personifica a la Nación”); y, por el otro, algunos matices en la separación de poderes que el presidencialismo instaura como uno de sus fundamentos a partir de la capacidad del presidente de disolver el Congreso y la atribución legislativa de censurar a los ministros”.
La historia reciente peruana está marcada por la salida anticipada de presidentes como Pedro Pablo Kuczynski, Manuel Vizcarra y Manuel Merino. Los mandatarios peruanos sin mayoría en el Congreso son combatidos hasta caer bajo cualquier pretexto. Y si el presidente resiste, como sucedió a Martin Vizcarra, disuelve el Congreso y convoca a nuevas elecciones para renovarlo.
Según la BBC; “el sistema peruano tiene una característica que solo comparte con Venezuela y Ecuador en la región: que su Congreso, de apenas 130 legisladores, solo cuenta con una cámara legislativa.
Además, a diferencia del resto de la región los peruanos han ido introduciendo a su sistema instituciones o mecanismos del parlamentarismo europeo que buscan evitar que los presidentes tiendan hacia el autoritarismo.
Con eso, las mociones de censura en Perú no son llamados de atención, sino mandatos de renuncia y los gabinetes ministeriales y presupuestos del Ejecutivo dependen del escrutinio y la aprobación del Congreso.
"Una mirada institucional nos hace ver que en Perú el presidente no tiene el perfil hiperpresidencialista que se había planteado, sino que su fortaleza depende de evitar una oposición consolidada en el Congreso", explica Milagros Campos, profesora de derecho constitucional de la Universidad Católica del Perú.
"En 200 años Perú no ha logrado resolver el escenario de un gobierno sin mayoría en el Congreso; y siempre que ocurrió se ha traducido en golpes de Estado o vacancias", como ocurrió en el caso de Vizcarra.
Vizcarra, enfrentado en su mandato con el Congreso y el poder judicial, logró que se sancionase tres reformas constitucionales mediante un referéndum en 2018; la no reelección de los congresistas, y nuevas regulaciones para el financiamiento de las organizaciones políticas y la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano encargado de nombrar y destituir a los magistrados del país.
Cuatro años después, la no reelección de los congresistas puede ser lo que explique la negativa del gobierno de Dina Boularte a adelantar las elecciones para 2023, a pesar de los muertos en las protestas y el reclamo en las calles. Su contrapropuesta, aprobada por el Congreso, es que los nuevos comicios sean recién en 2024.
Para Francesca Emanuele:
Una forma de resolver los reclamos de la población peruana, que exige elecciones adelantadas ahora y el cierre del Congreso, hubiese sido un acuerdo político por el cual tanto el Ejecutivo como el Legislativo renuncien y llamen a elecciones. Este escenario no está contemplado en la Constitución, pero es posible. Hubiese demostrado que las autoridades políticas se comportan de forma responsable y democrática, atendiendo a las demandas de la población que las considera autoridades ilegítimas en su conjunto.
Otra opción para responder prontamente a las demandas de la población hubiera sido llamar a elecciones a finales de 2023. Incluso los miembros del Jurado Nacional de Elecciones del Perú señalaron que, aunque los tiempos eran un poco ajustados por los requerimientos de la Constitución, sí era posible la realización de unos comicios generales en diciembre de 2023. No obstante, el Congreso descartó esa opción y decidió aprobar unas elecciones adelantadas pero recién para abril de 2024. La propuesta aprobada fue presentada por el fujimorista Nano Guerra García, quien tiempo atrás había viajado a Washington, específicamente a la Organización de Estados Americanos, para atribuir la victoria de Pedro Castillo a un fraude electoral.
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¿Por qué el Congreso votó la realización de unas elecciones para 2024 y no para finales 2023 como sí era posible según las normas? Por intereses individuales de los congresistas y por intereses relacionados con reformas políticas -que esperan llevar a cabo de aquí a las elecciones- con miras a que ellos/ellas o sus partidos de derecha retomen el poder del Legislativo (u opten al Ejecutivo) en las próximas elecciones.
Los congresistas que apoyan al gobierno interino de Boularte lo que desean es quedarse en sus puestos por el mayor tiempo posible. Eso implica recibir un salario mensual, mantener su poder y tener más tiempo para aprobar leyes que transformen las reglas de juego electorales a su favor.
Por ejemplo, en el Perú está vetado presentarse a dos periodos consecutivos en el Congreso. Este impedimento de reelección consecutiva fue aprobado por un referéndum nacional. Uno de los objetivos de los congresistas de derecha de aquí a las próximas elecciones es aprobar la reelección congresal para que se puedan reelegir. Hay varios que así lo han dicho públicamente. Entre ellos está la congresista Adriana Tudela, hija del excaciller del dictador Alberto Fujimori, y miembro del partido Avanza País, un partido de derecha con tintes fascistas e impulsor de la profundización del neoliberalismo.
Este es solo un ejemplo. A fin de cuentas, lo que desean es pavimentar el terreno con reformas para que en las próximas elecciones haya un Congreso y un Gobierno igual al actual; o peor, más de derecha, más fascista, más centralizado. Van a intentar frenar el camino para que la cancha electoral no se democratice, es decir, que la oferta de partidos se mantenga como está, con partidos de derecha o con los partidos creados por empresarios corruptos. En el Perú es ya muy difícil inscribir a un partido político a nivel nacional. Por ponerte un ejemplo, la excandidata presidencial Verónika Mendoza obtuvo casi 3 millones de votos en 2016, casi pasa a segunda vuelta electoral, tiene muchos seguidores, y aún así continúa batallado desde entonces para conseguir los requerimientos y poder inscribir oficialmente a su partido político.
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Una de las tragedias del Perú es nuestra actual Constitución, sancionada durante una dictadura, la de Alberto Fujimori, quien dio un autogolpe al disolver el Congreso y erigirse como dictador. Fue elaborada para favorecer el control de las instituciones del Estado por parte de las clases dominantes de Lima. De hecho, esta Constitución es una de las razones principales de la profunda crisis política en la que estamos.
Por ejemplo, contiene un artículo por el que el Congreso puede vacar (expulsar) al presidente de la República en base a algo que llama “incapacidad moral”, es decir, en base a una causal absolutamente vaga y confusa. El resultado es que sea quien sea que esté en el Ejecutivo, sea un presidente de derechas, de izquierda o centro; es decir, sea Pedro Pablo Kuczynski (2016), Pedro Castillo (2021) o Martín Vizcarra (2018), el Congreso utiliza ese vago artículo para amenazar constantemente al presidente, produciendo así un desequilibrio de Poderes contrario al sistema presidencial en el que supuestamente Perú se ubica. Uno de los síntomas clarísimos de esta nefasta Constitución (y específicamente de este instrumento de acorralamiento al Ejecutivo por parte del Congreso llamado ‘vacancia’) es que el Perú haya tenido 6 presidentes en los últimos 4 años.
Una de las demandas de quienes protestan en el sur y centro de Perú es que se llame a una Constituyente para sustituir la carta magna sancionada durante la presidencia de Alberto Fujimori.
Hagamos un poco de memoria sobre contexto de su sanción; el domingo 5 de abril, los militares peruanos rodearon el Congreso de Perú y el por entonces presidente dio un mensaje por cadena de televisión. Fujimori, mediante el decreto Ley No. 25.418, denominado Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, disolvió el Congreso Nacional, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Consejo Nacional de la Magistratura.
Según este dictamen oficial, “el mandatario inició con su proyecto de organizar el poder judicial, Tribunal de Garantías Constitucionales, Consejo Nacional de la Magistratura y Ministerio Público, teniendo como fin el “convertirlos en instituciones democráticas al servicio de la pacificación del país, permitiendo el acceso de las grandes mayorías a una correcta administración de justicia, erradicando definitivamente la corrupción imperante en el aparato judicial, y procurando evitar la impunidad de los crímenes perpetrados por el terrorismo, narcotráfico y la delincuencia organizada”.
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Por aquel entonces la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso servía de pretexto para perseguir y encarcelar opositores.
En este clima de suma de poderes, los peruanos votaron a favor de convocar un Congreso Constituyente y luego el domingo 31 de octubre aprobaron una nueva carta magna por tan solo el 53% de los votos. El respaldo se basó más que nada en la popularidad de Fujimori del 67% registrada previo al referéndum constitucional. Esta ilegitimidad de base es la que tanto se cuestiona.
Si bien varias décadas después, Fujimori está preso por diversos crímenes de lesa humanidad, sus hijos, Keiko y Kenji, fundaron el partido Fuerza Popular con el cual arañaron varias veces la presidencia. En 2018, los hermanos se separaron pero Fuerza Popular continúa siendo uno de los partidos de la ultraderecha más beligerantes en el Congreso de Perú. Artífice de diversas movimientos parlamentarios para intentar destituir (vacar) a presidentes como Pedro Pablo Kuczynski y Manuel Vizcarra.
En 2021, Keiko Fujimori volvió a perder un balotaje presidencial, esta vez, contra Pedro Castillo y su candidata a vice, Dina Boularte. Con 24 diputados, su partido Fuerza Popular se dedicó a asediar la presidencia de Castillo y buscar un pretexto para destituirlo. Por eso llama la atención que, luego de su caída, Boularte se haya aliado al fujimorismo y la ultraderecha para mantenerse en el poder.
Según el periodista peruano Cristian Rebosio.
El gobierno de Boularte se apoya en las bancadas como Renovación Popular, el fujimorismo de Fuerza Popular y Avanza País. Las bancadas más derechistas del país. Hace un tiempo los mayores críticos de Pedro Castillo. Esto resulta llamativo porque son los mismos grupos que acusaban a Boularte de ser una de las autoras del supuesto fraude en 2021 que llevó a la presidencia a Castillo y Perú Libre.
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¿Cómo pasaron de eso a defenderla e incluso apoyarla? Porque encontraron a una Boularte dispuesta a ceder en todo lo que piden como si fuera un gobierno derechista. Esto lo podemos ver en la selección de sus ministros; han puesto en Educación a un señor como Oscar Becerra que es homofóbico, retrogrado y considera preso político a Alberto Fujimori, en Defensa a Jorge Chávez Cresta, un señor que en redes sociales comparte mensajes de congresistas que piden reprimir las manifestaciones y se muestra seguidor del presidente salvadoreño Nayib Bukele, conocido por su política de ejecuciones extrajudiciales en su lucha contra las maras (pandillas salvadoreñas).
Esta es la mala lectura política que ha hecho Dina Boularte, quien creyó que ganándose el apoyo del Congreso podía gobernar con tranquilidad hasta el 2026. Una subestimación total del poder de la calle. Lo que resulta extraño con los antecedentes de 2020 cuando Manuel Merino, sucesor de Vizcarra, llegó a la presidencia con el apoyo del Congreso y las protestas en la calle lo sacaron del gobierno. Es absurdo subestimar lo que puede lograr una población enardecida; una que hace tiempo ha enviado mensajes claros de que no soporta este Congreso, ni cree en sus intenciones. Una que que tampoco cree que destituyeran a Castillo por corrupto sino porque “era un corrupto que no podían manipular”.
El Congreso no podría estar más contentos porque tienen una persona que pone la cara para que ellos se muevan como quieren. Ya que si Dina Boularte hubiese renunciado, quien hubiese asumido sería el presidente del Congreso. Y con un parlamento tan desprestigiado se hubiese desatado un caos social mucho más grave del que vemos actualmente. Boularte de presidenta les sirve para decir que la vicepresidenta de Castillo, elegida por Perú Libre, fue la que avaló la represión de estos días y tomó las decisiones más impopulares. Así se libran de cualquier responsabilidad.
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Es verdad que tampoco Boularte tenía otra opción más que pactar con el Congreso. Su partido Perú Libre la había catalogado de traidora y la había abandonado. Pero hay una gran diferencia entre hacer concesiones y ceder en todo.
¿Y qué puede hacer un gobierno impopular e ilegítimo respaldado por empresarios, medios de comunicación y militares? Reprimir a la población enardecida que protesta en las calles como una forma de amedrentarla. En Perú, al parecer, vale más un gobierno con botas, apoyado por un Congreso desacreditado, que uno elegido en las urnas.
Para el historiador José Carlos Agüero; “en el país, hubo un conflicto armado interno con la guerrilla Sendero Luminoso, luego una dictadura, un proceso de antipolítica, una pandemia que destrozó lo poco que quedaba del tejido social y que ha llevado a un colapso social. Esa es la forma en que yo entiendo el diagnóstico del país. La gente suele decir que estamos en una crisis política que lleva a otra y a otra, pero, para mí, es otra cosa: es un colapso social, es decir cuando todo desaparece, cuando el tejido social de deshilvana, cuando las instituciones dejan de serlo”.
En su opinión, “Castillo representaba para mucha gente que votó por él algo así como su participación en la vida democrática. La vinculación con Castillo es fuertemente identitaria. No es programática. No son mis opiniones. Una señora en Cajamarca decía "será ignorante, será un profesorcito, pero es el que he puesto yo". La caída de Castillo es sentida como arrebatarle algo a alguien que ya ha sido humillado un montón. ¿Qué esperaba el actor político que suceda con esa población a la que se ha denigrado y estigmatizado? ¿Qué se quede sentada?”.
Como ha sucedido en otros países, como el fronterizo Bolivia, cuando no se permite la participación de un sector de la sociedad hay explosiones sociales cuando se la oprime. Y ahí viene la necesidad del poder de resguardar sus intereses, el régimen de leyes que lo protege, con el poder de las armas.
De los 28 muertos de las protestas, diez muertos son de la ciudad de Ayacucho, uno de los epicentros de la guerra sucia contra Sendero Luminoso en los años 90. El 15 de diciembre, Dina Boularte decretó el estado de emergencia y el 16 de diciembre, un contingente de militares dispararon contra los civiles que ocupaban el aeropuerto de Huamanga. La represión no se quedó ahí porque, después, los militares continuaron con sus disparos en los alrededores del aeropuerto y parte de la ciudad.
Los videos no muestran un uso proporcional de la fuerza. Los civiles llevaban palos y piedras, no representaban una amenaza a la integridad física de los uniformados ni de terceras personas. A pesar de eso, los soldados tiraron al pecho como si fuera una orden directa de sus superiores sin importar a quien apuntaban. El mecánico Edgar Prado, por ejemplo, fue herido de muerte cuando atendía a una persona alcanzada por una bala fuera de su taller ubicado al frente del aeropuerto. Su historia ilumina la naturaleza de la represión de las Fuerzas Armadas de Perú a cargo de “pacificar el país”.
Pero la represión no se limitó solo a disparar a civiles, sino que también apuntó a perseguir y criminalizar. El día siguiente a los disparos de Ayacucho, la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú allanó en Lima las sedes del partido Nuevo Perú, del Partido Socialista, y de la Confederación de Comunidades Campesinas. Más de 20 personas fueron detenidos sin poder acceder a abogados ni a la supervisión de la Fiscalía durante el proceso.
No fue casual ya que estas sedes alojaban a los campesinos y dirigentes sociales que habían llegado a Lima para protestar desde regiones como Apurímac, Ayacucho y la selva amazónica. La Dirección contra el Terrorismo, por supuesto, no se privó tampoco de sembrarles machetes con etiquetas de recién comprados para acusarlos de planificar hechos de violencia y sedición en Lima.
Lean lo que cuenta Lucia Alvites de Nuevo Perú sobre el operativo para comprender la gravedad de la situación.
El día sábado, por la mañana, los uniformados de la Dirección Nacional contra el Terrorismo tocaron nuestra puerta y la de la Confederación Campesina. Ambas oficinas vecinas. En nuestra sede habían setenta compañeros provenientes de las regiones del país y en la de la confederación, 26 más.
La Dircote cerró un cerco perimetral de los dos locales. No dejaban salir ni entrar a nadie. Si alguno intentaba irse, le decían que intentaba escaparse. Y así estuvimos hasta que una congresista pudo garantizar una salida organizada y segura de los compañeros de las diversas regiones que estaban en nuestra sede.
Eso sucedió a las tres de la tarde.
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En la Confederación la historia fue distinta; detuvieron a 26 compañeros y las retuvieron por once horas. Les abrieron investigaciones por terrorismo luego de encontrar machetes que tenían códigos de barras como si hubieran sido recién comprados. Durante el allanamiento ¡hasta colgaron una bandera roja para tratarlos de terroristas!
Esto en Perú lo llamamos terruqueo. Es una práctica sistemática de las fuerzas del orden, las autoridades de turno y los medios de comunicación para tratar de terroristas, o de vínculos con terroristas, a quienes se manifiesten o tengan un pensamiento distinto a lo establecido.
Hoy en el país lo que hay es una conducta represiva orquestada por las Fuerzas Armadas de Perú, la Policía, los medios de comunicación, el Congreso y la propia Boularte. En la práctica estamos en un estado de emergencia hasta los primeros días de enero. Lo que implica la militarización de algunas regiones del país, como Ayacucho o Apurimac, partes de Cuzco, entre otras.
La consecuencia es una lamentable cifra de asesinados, en un gran número por balas de militares apuntadas al tórax y la cabeza. ¡Hasta han detenido arbitrariamente a ocho jóvenes de Huancayo por pegar afiches contra Dina Boluarte!
Estamos ante una dictadura que tira a matar a los manifestantes y vulnera los derechos básicos de la población.
Las protestas están en pausa por una tregua entre las organizaciones sociales y el gobierno. Pero para el 4 de enero algunos sectores planean volver a la calle en medio de una de las campañas de demonización más grande de los últimos años. Los medios de comunicación, que antes se dedicaban a atacar a Castillo, ahora califican de terroristas a quienes protestan y tratan de ignorantes a quienes los acompañan.
Dina Boularte, por su lado, ascendió a premier del país a Alberto Otárola, el ministro de Defensa a cargo de los muertos por la represión. La persecución continúa con policías que allanan casas de militantes opositores en búsqueda de “banderas rojas”, inspeccionan los movimientos de congresistas opositores y asedian a dirigentes universitarios que protestan fuera de conferencias de prensa de Dina Boularte. El Congreso, mientras, intenta sustituir las autoridades del Poder Electoral de Perú mediante un proyecto de ley.
Colombia, México, Argentina y Bolivia criticaron el nombramiento de Dina Boularte y pidieron la liberación de Castillo. Manuel López Obrador, incluso, ordenó el asilo y traslado de la esposa y los hijos de Castillo ante la posibilidad de que sean perseguidos. El gobierno de Boularte, en respuesta, expulsó al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy.
Por supuesto, los embajadores de Estados Unidos y la Unión Europea fueron los primeros en reconocer a Boularte. Al parecer, la posibilidad de que sus empresas mineras se beneficien con alguna concesión vale más que sus anhelos democráticos y el respeto al Estado de Derecho. La embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna, tiene los rasgos de alguien que se ha manchado las manos con sangre.
Reuters se pregunta, en medio de este contexto, si la caída de Castillo no representa el fin de la “marea rosa” progresista en América Latina.
El proceso de destitución de Castillo coincide con el fallido magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner y su condena por corrupción en un proceso plagado de irregularidades. Los nuevos gobiernos progresistas de esta “marea” ven oposiciones más organizadas y articuladas que no ocultan sus anhelos antidemocráticos.
Sin embargo, reducir la perspectiva a una batalla entre buenos y malos, derecha o progresismo, impide ver que la caída de Castillo representa una erosión del Estado de Derecho perjudicial para la sociedad peruana. Lo que sucede también en el resto de América Latina a medida que la economía se estanca y los sectores de poder dominantes se convierten en verdaderas mafias que usan las instituciones (el poder judicial, el Congreso) como guardianes de sus intereses.
Una situación más que preocupante.
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